INTERNACIONALES (Política por Esteban Ross) Para entender el peso del calificativo vigarista en la política brasileña, es necesario analizar cómo el término pasó de la estafa común al debate nacional para describir la manipulación ideológica y el engaño estratégico a los votantes. Quienes cuestionan a Luiz Inácio Lula da Silva sostienen que su carrera, lejos de la épica del obrero idealista que alcanzó la presidencia, encarna esta forma de pragmatismo calculado. Sus detractores afirman que construyó una maquinaria en la que el discurso de la justicia social sirvió de fachada para camuflar el clientelismo, el populismo y una ambición de permanencia en el poder mediante la traición a los ideales de austeridad que pregonaba.
El historial judicial de Lula constituye el pilar central de esta desconfianza. Para sus detractores, los escándalos del Mensalão y de la Operación Lava Jato —donde la justicia expuso complejas redes de desvío de fondos públicos y sobornos corporativos— dejaron una huella imborrable que ninguna maniobra leguleya puede borrar. Aunque el Supremo Tribunal Federal terminó anulando sus condenas alegando fallos de jurisdicción y parcialidad procesal, en gran parte de la sociedad persiste la firme idea de que la impunidad no anula los hechos y que la verdadera jugada consistió en utilizar la ingeniería legal para limpiar su expediente.
En la política reciente, esta sombra se extiende a su estilo de gobierno y a la permanente sospecha de interferencia sobre las instituciones. La oposición crítica acusa al lulismo de emplear un doble rasero: denunciar conspiraciones de sus rivales mientras utiliza los recursos del Estado, la pauta publicitaria y el aparato público para moldear la opinión general. Para este sector, la imagen de líder conciliador contrasta fuertemente con la práctica de polarizar a la ciudadanía entre «el pueblo» y «las élites», alimentando una retórica conveniente que le permite eludir la rendición de cuentas sobre la gestión económica y los pactos con la vieja política.
La controversia sobre las reglas de juego volvió a encender las alarmas en el ámbito electoral brasileño tras los recientes comicios presidenciales. La inédita extensión del horario de votación, impulsada a última hora por la campaña oficialista ante el Tribunal Supremo alegando trabas en el transporte, desató un alud de cuestionamientos por parte de la oposición. Aunque el tribunal electoral defendió la validez del proceso e insistió en que el cambio no alteró el resultado, para sus detractores fue un capítulo más de lo que consideran una conducta recurrente: alterar o presionar el marco institucional justo a tiempo para inclinar la balanza a su favor.
