Más pruebas del despilfarro

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¿DÓNDE ESTÁN LOS 7.000 MILLONES?

SAN PEDRO. (Corresponsal). Surgen más datos sobre el despilfarro cometido por el gobernador Vicente Rodríguez. Según Contrato de Prestación de Servicios de Médico Cirujano No. 142/14, la Comisión de Reducción de Riesgos de la Gobernación del Segundo Departamento San Pedro ha utilizado los servicios del profesional médico Edgar Andrés Franco Duarte. Por este documento la citada comisión pago nada más y nada menos que Doce Millones de guaraníes para atender a 83 personas aquejadas de distintas molestias como ser: dolor de brazo,  dolor de muslo, dolor de hombro,  diarrea, cefalea y otras. Esta atención se llevó a cabo en el local de la sub sede de la gobernación con asiento en San Estanislao. La cuestión, a primera vista, parece algo muy sencilla y cualquiera diría que el monto asignado a este trabajo es muy bajo, apenas 12 millones, pero analizando bien los documentos y las facturas, se deduce que es una prueba más del despilfarro que se hizo de los 7.000 millones que el gobierno nacional destinó como Fondos de Emergencia a favor de la gobernación de este departamento para ayudar a la población afectada por las últimas inundaciones.

Dividiendo los guaraníes 12 millones por las 83 personas atendidas da un resultado que se gastó nada más y nada menos que guaraníes 144.578 por cada paciente. Ahí la cuestión se vuelve escandalosa y, claramente, desnuda que hubo un negociado.  La sub sede del gobierno departamental se encuentra en pleno centro de la ciudad de San Estanislao y a metros de ahí está un hospital público en el cual la atención a estos conciudadanos es gratis. En otras palabras estos 12 millones de guaraníes simplemente fueron mal gastados y no fueron destinados a los fines para los que fueron destinados. Pero negociados de este tipo abundan en San Pedro, existiendo una nomenclatura de facturas truchas.

Con este tipo de negociado el gobernador Vicente Rodríguez Arevalos, a través de su Secretario de Reducción de Riesgos, ha dilapidado el dinero del pueblo. Según nuestras fuentes, y conforme documentos a los que accedimos e iremos publicando, el modus operandi fue este: ir gastando montos pequeños o medianos para justificar finalmente los 7.000 millones,  así la cuestión no llamaría la atención. Hojeando los documentos citados a los que accedimos se puede deducir que cualquier Fiscal mediocre, haciendo un pequeño esfuerzo, determinará con precisión que en el manejo de los 7.000 millones hubo graves irregularidades  (tragadas). Las demás autoridades departamentales  (diputados,  concejales) y  municipales  (intendentes, concejales) deberían formular las denuncias correspondientes ante la fiscalía de delitos económicos y la contraloría general de la república para que estos sin vergüenzas sean castigados.

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