SANTANÍ (Enviado especial, por Esteban Ross) Lo que pasó en el Hospital Regional de San Estanislao con el abuelo Román Galli, de ochenta y siete años, ya no tiene nombre, es una vergüenza absoluta y demuestra que la salud pública en nuestro país tocó fondo debido a la absoluta falta de empatía y humanidad de quienes deberían cuidarnos. Este pobre hombre, que apenas intentaba cruzar la calle para cobrar su modesta plata de la tercera edad, terminó siendo víctima primero de un accidente de tránsito y después de la peor de las negligencias dentro de un quirófano o sala de urgencias donde la vida humana vale absolutamente nada. Que a un adulto mayor con una pierna destrozada le hayan cerrado una herida profunda utilizando una precinta o cintillo plástico de electricista en lugar de hacerle una sutura como manda la ley es un insulto gigantesco, un acto criminal y una muestra clarísima de que en los hospitales paraguayos ya se perdió el respeto más elemental por la dignidad de las personas. La patética excusa de la directora del hospital y del médico de turno intentando justificar semejante barbarie como una supuesta técnica adecuada es una tomada de pelo colosal a toda la ciudadanía, que está cansada de mendigar atención digna mientras los pacientes se mueren por falta de insumos o son tratados peor que animales. Es indignante ver cómo la salud pública se cae a pedazos entre la desidia, la ineptitud y la burla de las autoridades que defienden lo indefendible mientras la vida humana se desangra.
La historia de Román Galli, un abuelito de ochenta y siete años que sufrió un accidente de tránsito al ser atropellado por una motocicleta cuando iba a cobrar su beneficio de la tercera edad, destapa de la manera más cruda y violenta la realidad desesperante que se vive a diario en los hospitales públicos del Paraguay. Tras el impacto, el anciano fue derivado de urgencia al Hospital Regional de San Estanislao buscando auxilio, pero lo que encontró allí fue una pesadilla kafkiana que raya en la criminalidad pura. Al revisar al herido, los familiares se quedaron atónitos y horrorizados al descubrir que los profesionales de la salud le habían cerrado el profundo corte de la pierna utilizando cintillos plásticos de electricista, esos mismos plásticos que cualquiera usa para amarrar cables, en lugar de realizar una sutura médica limpia, profesional y segura.
Es totalmente indignante y nos obliga a detenernos a reflexionar profundamente sobre el estado calamitoso al que hemos llegado como sociedad y como país. ¿Cómo es posible que hayamos normalizado el desprecio absoluto por la vida y la salud de nuestros compatriotas más vulnerables? Los hospitales se han convertido en verdaderas zonas de desastre donde no se respeta a nadie, donde la vida humana no vale un centavo y donde los pacientes terminan siendo rehenes de un sistema indolente que pisotea la dignidad de los abuelos que ya dieron toda su vida por esta tierra. La soberbia con la que la doctora Zulma Cabrera, directora del centro asistencial, salió a defender lo indefendible respaldando al médico autor de esta salvajada bajo el argumento de que se trató de una supuesta técnica adecuada, es la gota que rebasó el vaso y demuestra que nos gobierna la impunidad y la falta total de autocrítica.
Ya es el colmo que tengamos que soportar que la salud pública sea un chiste de mal gusto mientras los pacientes sufren las peores humillaciones. Esto no es un simple error médico ni un desliz administrativo; es el reflejo de un sistema podrido que necesita un cambio urgente y una sanción ejemplar para que los responsables paguen por esta aberración. La familia hizo muy bien en denunciar públicamente esta porquería, pero nos toca a todos levantar la voz, plaguearnos con fuerza y exigir que se investigue a fondo este caso y a todos los sinvergüenzas que juegan con la vida ajena, porque un pueblo que calla ante semejante atropello se vuelve cómplice de su propia destrucción.