NACIONALES (Corrupción por Charly Friendz) El guion de la política nacional sumó un nuevo capítulo cargado de ironía, indignación y pancartas en la calle. Mientras el relato oficial intentó durante semanas instalar que lo de Ueno era un simple «desentendimiento técnico» o, como llegó a calificar el senador Eduardo Nakayama, una mera «guerra entre bancos privados», la calle y un sector de la oposición decidieron romper el libreto: el pedido ya no es solo contra el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), sino que apunta directamente a la cabeza del Poder Ejecutivo con un pedido de juicio político a Santiago Peña y cárcel para los responsables del Grupo Vázquez.
El sarcasmo de la situación se cuenta solo. Resulta conmovedor ver cómo, mientras el ciudadano común hace malabares para recuperar sus ahorros o conservar su puesto de trabajo, en las esferas del poder las piezas encajan con una generosidad asombrosa. Ahora, al cruzarse los cables con las controvertidas investigaciones sobre la millonaria mansión en San Bernardino —un predio salpicado por irregularidades de origen, compras a precios insólitos y maniobras sobre terrenos municipales que terminaron en manos de privilegiados del entorno oficial—, muchos finalmente entienden a dónde van a parar las «oportunidades» y la ingeniería financiera de los sectores vinculados al Gobierno. La pregunta que retumba en la calle es una sola: ¿dónde fue a parar la plata mientras el sistema crujía?
En medio de este escenario, las pancartas de protesta no dejan margen para las medias tintas y le marcan la cancha a la propia clase política. La consigna que se instaló frente a las sedes oficiales es contundente: todo opositor que se limite a pedir la destitución del directorio del Banco Central o a señalar con el dedo únicamente a Ueno, sin apoyar el juicio político a Peña, no es más que un cómplice del gobierno. Se terminaron los tiempos para discursos tibios que intentan anestesiar el conflicto reduciéndolo a un choque de intereses corporativos; la crisis salpicó el sillón de López y el costo no se tapa con comunicados de prensa.
El cuadro se completa con el plano judicial y la cacería de responsables. Tras el colapso del esquema financiero, la puesta a disposición y detención de Miguel Ángel Vázquez —figura clave del entramado empresarial— marcó el punto de no retorno para el grupo que creció al amparo del poder. Hoy, la ciudadanía no se conforma con ver abogados desfilando por los pasillos de Tribunales: la exigencia de cárcel para los directivos del Grupo Vázquez camina en simultáneo con el libreto acusatorio en el Congreso. Habrá que ver cuántos legisladores opositores se animan a firmar el pedido de juicio político y cuántos prefieren seguir mirando para San Bernardino.
