NACIONALES (Realidades por Carlos Roa) Mientras los titulares de la política nacional y económica debaten sobre resoluciones bancarias, porcentajes de solvencia y responsabilidades de cúpula, existe un sector que amaneció de la noche a la mañana completamente a la deriva: los trabajadores. El impacto de la intervención de Ueno Bank no solo golpeó a los ahorristas y al Estado, sino que detonó una crisis laboral silenciosa que hoy afecta de forma directa o indirecta a más de 4.600 personas en todo el país.
De acuerdo con los catastros preliminares manejados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el universo de afectados directos e indirectos supera los 4.621 trabajadores. Esta cifra contempla tanto al plantel de empleados fijos de la entidad —que ronda los 490 funcionarios activos en planilla formal— como a todo el tejido de empresas tercerizadas, firmas proveedoras de servicios tecnológicos, redes de cobranza y corresponsalías no bancarias (como es el caso de firmas de corresponsalía que agrupan a cientos de operarios), además de medios de comunicación y sociedades anónimas integradas al holding del Grupo Vázquez. Para estos dependientes, el cierre repentino significó quedar en un limbo contractual absoluto, sin certezas sobre el cobro de sus haberes corrientes, el pago de aguinaldos o la continuidad de sus fuentes de empleo.
La sensación generalizada entre los afectados es de profundo desamparo. Las empresas contratistas y vinculadas, al depender de la operativa de un banco intervenido y congelado en sus cuentas, se quedaron sin flujo financiero para responder a sus planteles. Los trabajadores se encuentran con puertas cerradas, canales de comunicación corporativa cortados y la angustia de no saber cómo sostener sus hogares en el día a día. La falta de una respuesta institucional inmediata por parte de los canales habituales de la empresa dejó a miles de familias con una enorme incertidumbre económica.
Ante este panorama crítico, el Gobierno —a través del Ministerio de Trabajo— debió habilitar un dispositivo de emergencia y asesoramiento directo para contener la situación. La cartera de Estado estableció una ventanilla de atención prioritaria y canales telemáticos específicos (como la línea de WhatsApp 0993 308 100 y el correo institucional consultatrabajadores@mtess.gov.py) para recibir reclamos individuales y colectivos. Asimismo, se dispuso la atención presencial extendida en su sede central en Asunción y en las oficinas regionales del interior del país.
¿Cuáles son los próximos pasos para solucionar la situación de estos trabajadores? El objetivo principal del plan de contingencia estatal es articular con la Superintendencia de Bancos la correcta aplicación de los marcos legales vigentes (específicamente el artículo 17 de la Ley N.º 2334/2003), los cuales establecen los mecanismos de protección y prioridad para asegurar la liquidación de beneficios sociales y salarios devengados dentro de los procesos de resolución. El ministerio busca auditar el estado real de cada dependiente para que las deudas laborales no queden diluidas en medio de las causas judiciales e interventoras que enfrentan los directivos del banco, intentando garantizar que el costo de esta crisis no lo paguen los eslabones más débiles de la cadena productiva
