NACIONALES (Corrupción por Esteban Ross) El exsenador Hernán Rivas vuelve a quedar en el centro de un escándalo institucional y judicial tras revelarse que siguió estampando su firma en resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) semanas después de haber abandonado el cargo, un hecho que se suma a la reciente condena de ocho años de prisión que pesa en su contra por la producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con una investigación periodística de ABC Color, un total de 31 resoluciones del JEM figuran con la firma electrónica de Rivas después de que el Senado aprobara su permiso y nombrara a su sustituto. Lo más grave del hallazgo radica en que 15 de esas rúbricas se ejecutaron cuando su reemplazante, el legislador Derlis Maidana, ya se encontraba ejerciendo sus funciones de forma oficial. Los registros señalan que las firmas se concentraron en tres jornadas clave —el 26 de octubre, el 8 de noviembre y el 20 de diciembre de 2023—, extendiendo su intervención casi dos meses después de su salida formal, sin que exista norma o reglamento publicado que avale el aval extemporáneo de actos administrativos pendientes.
Esta anomalía institucional se alinea con el sombrío historial académico que la justicia analizó detalladamente para sentenciarlo a prisión. En el fallo judicial no solo quedó bajo sospecha su título universitario de abogado, sino también la validez de su educación secundaria. Según el expediente de la causa, Rivas cursó el 7.°, 8.° y 9.° grado en María Auxiliadora (Itapúa), el 4.° curso en Paraguarí, y supuestamente completó el 5.° y 6.° curso en el Colegio Privado Enmanuel de la misma localidad itapúa en un solo período lectivo (2003) mediante un conveniente «régimen acelerado».
Durante el juzgamiento, el tribunal resaltó testimonios de vecinos, docentes y aparentes excompañeros que catalogaron al exsenador como un «alumno fantasma», dada la ausencia total de planillas de exámenes, registros institucionales o personas que recordaran su paso por las aulas de Derecho. La investigación expuso un patrón de irregularidades sistemáticas que incluye exámenes múltiples rendidos insólitamente en un mismo día, firmas de títulos al margen de la ley y trámites exprés que terminaron por desmantelar la validez de sus credenciales públicas.
