GUAYAIBI (Delito ambiental, por Carlos Roa) Ayer al filo del mediodía la jueza de paz Monserrath Valentina Benítez mantuvo un careo con la señora Reinalda Oliveira de Ojeda, oriunda de Guayaibi, y que actualmente vive en el asentamiento 19 de Agosto, donde fue invadida su propiedad, destruidos totalmente sus productos de mandioca, maizal y pastizal, que sirven para alimentar las vacas de la familia, con agrotóxicos banda roja, bajo el mando del clan Romero, ésta ayer se enfrentó a un acuerdo amistoso para solventar los gastos de la pérdida de esa familia, que rondan los 10 millones de guaraníes. Pero Aníbal Romero de forma petulante y tajante dijo que no va pagar esa suma y que solamente puede dar 2 millones para que esto quede en el opa´rei. La jueza dio seguimiento a la causa, que fue trasladada a la Fiscalía de Santaní para el procedimiento de la diligencia.
Realmente es calamitosa esta situación, porque el propietario de la finca Carlos Arroce, alquiló la propiedad al “tío” Abundio Romero, y este subarrendó a sus sobrinos Aníbal y Nelson Romero y un tal brasilero, que no se sabe su nombre ni se le conoce en los alrededores. Pero según las últimas noticias, este estaría por el barrio San Pedro, donde también tiene otras propiedades. Lo cómico de este tipo de situaciones es que la SENAVE demoró mucho para poder actuar, el tal Ing. Ariel Delvalle, fue muy parco y parsimonioso para actuar en este tipo de cosas, cuando bien se sabe que es lo que más ocurre, donde brasileños vienen a fumigar con banda roja tóxica, en este caso en la propiedad de la señora Reinalda del asentamiento 19 de agosto.
Y ayer se hizo la primera audiencia de reconciliación, donde la señora pidió 10 millones de guaraníes por daños y perjuicios, sin embargo uno de los causantes, Aníbal Romero, que se presentó a la audiencia que fumigó y destruyó, hoy solo quiere pagar 2 millones de guaraníes, cosa que está totalmente fuera de lugar. Realmente es vergonzoso que gente inescrupulosa tenga que destruir bienes ajenos y después quieran desvincularse con la suma irrisoria de 2 millones, que no alcanza siquiera para cubrir una ínfima parte de los gastos demandados. Y lo más lamentable que se tenga un juzgado de paz en dicha zona para resolver los conflictos, pero cuando alguien acude para una audiencia en busca de salvataje judicial, tengan que derivar simplemente a la fiscalía, diciendo que no tienen jurisdicción ni competencia. Si fuere así, ¿para que están cobrando sus salarios estos personeros de la justicia?
En síntesis, hay muchas cosas que están erradas en este tema, no es la primera y seguramente no será la última que estos sojeros desalmados destruyan bienes ajenos, arrasen y envenenen cultivos con sus agrotóxicos, y después simplemente de manera prepotente y petulante quieran deslindar responsabilidades. Pero lamentablemente mientras el SENAVE, la fiscalía, el poder judicial y otros entes se mantengan en silencio cómplice, esta situación perdurará per secula seculorum, como decía el finado general Lino Oviedo.