CIUDAD DEL ESTE (Nacionales, redacción) Este 19 de abril se recuerda el Día del Indígena, como cada año la fecha convoca a una reflexión respecto a la realidad que viven los Pueblos Indígenas que habitan el territorio paraguayo. Esta realidad puede resumirse en el abandono y violación constante de los Derechos Humanos de las personas indígenas por parte del Estado, a lo que hoy se suma un violento avance criminalizador.

Según datos oficiales 65% de miembros de pueblos indígenas viven en la pobreza y más del 30% en pobreza extrema. El 97,9% tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, estás cifras dan cuenta de una discriminación estructural por parte del Estado que jamás se ha ocupado verdaderamente de garantizar condiciones mínimas para que los Pueblos Indígenas gocen de una vida digna.

A esto se suma la acelerada pérdida de sus territorios a causa del avance del modelo de agronegocios, la deforestación y el uso intensivo de agrotóxicos, que han expulsado y llevado casi a la extinción a las comunidades indígenas. Al menos 30% de las comunidades indígenas tienen problemas de acceso a a la tierra y las un millón de hectáreas que, supuestamente, el Instituto Paraguayo del Indígena ha titulado a favor de las mismas es apenas una ínfima parte de las tierras que según la normativa deberían estar en posesión de los indígenas.

En medio de este doloroso cuadro, desde el Estado, y particularmente desde algunos sectores políticos, antes que ofrecer políticas públicas que atiendan las necesidades de los Pueblos Indígenas, están resueltos a profundizar la criminalización contra aquellas comunidades que reclaman sus derechos. Es así que el 2021 fue el año dónde se realizó la mayor cantidad de desalojos contra comunidades indígenas, se realizaron 12 desalojos afectando a unas 725 familias de diferentes Pueblos.

En consonancia con estos ataques en setiembre del 2021 se aprobó la modificación del Código Penal para aumentar las penas a quienes luchen por la restitución territorial y actualmente se pretende aprobar, de forma apresurada y sin debate, una ley que castiga con cárcel a quienes se manifiesten en las rutas nacionales.

Las comunidades indigenas ya se encuentran afectadas por la llamada Ley de Criminalización Zavala-Riera, más de una decena de indígenas fueron imputados bajo esta nueva figura debido a que reclamaron la restitución de su territorio. La nueva propuesta de Ley también significará un ataque a aquellas comunidades que durante años y hasta la actualidad solo son escuchadas mediante las movilizaciones y cierres de ruta.

En este Día del Indígena corresponde hacer un llamado a todos los actores políticos y al Estado paraguayo a qué actúen responsablemente respetando los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y apuntando los esfuerzos a revertir la exclusión y la discriminación estructural contra los Pueblos Indígenas; y no a profundizarla mediante políticas represivas que sólo agravarán la situación delicada que atraviesan y que ya le valiera al país sentencias a nivel internacional.